Granizada de protestas en el mundo

En peligro la separación de poderes en Venezuela
Analysis06.04.2017Birgit Lamm
Protestas, Venezuela
flickr.com A. Davey

La tarde del 29 de marzo dos resoluciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) llevaron al país a ocupar los titulares de la prensa mundial. En sus sentencias No. 155 y 156, el Tribunal Constitucional anuló la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional con la intención de asumir todas sus competencias argumentando que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional (AN), esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Este es probablemente un acontecimiento histórico único y extraordinario, el que un Tribunal Constitucional, cuya función principal es proteger la Constitución de su Estado y sus instituciones, suprima la separación de poderes y derogue los principios fundamentales de la Constitución.

Las reacciones de la comunidad internacional no se hicieron esperar y fueron tajantes. Granizaron notas de protesta provenientes de todo el mundo. Perú, Chile y Colombia retiraron a sus embajadores. Los países miembros del Mercosur -Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil-  convocaron a una reunión de último momento que se realizaría en la semana posterior en Buenos Aires a fin de discutir la situación en Venezuela y definir el procedimiento a seguir con este país miembro que desde diciembre 2016 permanece suspendido. Los cuatro cancilleres activaron la cláusula democrática debido a la "falta de separación de poderes" en Venezuela. Exigieron al gobierno venezolano "respetar el cronograma electoral, restablecer la división de poderes y garantizar el pleno goce de los Derechos Humanos, las garantías individuales y las libertades fundamentales y liberar a los presos políticos", de lo contrario el país podría enfrentarse a una posible expulsión.

“Guerra de instituciones”

Aquello que en un principio se leyó como escena de un mal thriller político, en realidad es tan sólo el clímax momentáneo de un conflicto que se ha venido desarrollando desde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobierna el país desde 1999, primero bajo su carismático líder Hugo Chávez, y a su muerte en 2013, bajo Nicolás Maduro. En sus inicios los chavistas gobernaron  con una confortable mayoría que les permitió moldear el país -mediante enmiendas constitucionales- de acuerdo a sus ideales e imponer el aparato estatal a través de sus adeptos. Las elecciones parlamentarias de 2015 significaron un cambio sustancial: la caída de los precios de las materias primas volvieron impagables los costosos programas de subsidio del gobierno. La catastrófica política económica intervencionista hizo también lo suyo y contribuyó a llevar a la crisis al país rico en materias primas. Aunado a ello, el país atravesaba por una dramática situación de seguridad.

Como consecuencia,  en diciembre de 2015 los chavistas -acostumbrados al poder- pierden la mayoría en el parlamento por primera vez en 17 años. Por si fuera poco, gracias al sistema electoral venezolano que otorga una preferencia desproporcionada al ganador, los partidos opositores unidos lograron alcanzar la mayoría calificada que permite modificar la constitución. De este modo quedó coartada la posibilidad del gobierno chavista del presidente Maduro de seguir imponiendo su gobierno en las diferentes instituciones estatales. El presidente Maduro no se mostró dispuesto a iniciar el diálogo con el parlamento opositor ni a respetar sus facultades. Este fue el inicio de la “guerra de instituciones”. El adversario del parlamento opositor fue sobre todo el TSJ y sus magistrados fieles al gobierno. Desde comienzos del periodo legislativo el Tribunal anuló sistemáticamente decisiones del parlamento, argumentando razones poco convincentes al tiempo que confería poderes especiales al presidente Maduro, los cuales emplea desde entonces para gobernar por encima de la AN.

Entre tanto, el TSJ continuaba limitando cada vez más las competencias de la AN. Derechos parlamentarios fundamentales como la comparecencia de los ministros, el control de las fuerzas armadas, la participación en las decisiones concernientes al otorgamiento de contratos públicos y el derecho presupuestario les fueron retirados a los parlamentarios por parte del TSJ. Previo a las sentencias 155 y 156 del 29 de marzo, el TSJ había dictado ya 46 resoluciones en contra del parlamento. “La ruptura del orden democrático” más que un repentino golpe en contra de la AN elegida democráticamente es un golpe de Estado a plazos.

“La ruptura del orden democrático”

Ni siquiera habían pasado 24 horas desde aquel 28 de marzo en el que por segunda ocasión desde junio de 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA) se reuniera en plenario para abordar el tema de la agudización de la situación política en Venezuela y para exigir al gobierno venezolano iniciar el diálogo con la oposición, cuando el TSJ resolvió disolver el parlamento y ocupar prácticamente su lugar. Los parlamentarios que celebraron la resolución de la OEA fueron señalados por Maduro como “traidores a la patria”.

¿Cuáles son las razones que motivaron a Maduro a dar este paso, justo en el momento de conflicto con la OEA?, se desconoce. Todo parece indicar que se subestimaron claramente los posibles efectos políticos internos y externos dado que este nuevo golpe al parlamento fortaleció a la oposición y le otorgó un mayor respaldo de la población. A partir de entonces, las personas han salido a las calles a protestar masivamente en contra del gobierno.

Es evidente que este paso ha originado por vez primera, diferencias perceptibles en el ámbito gubernamental. Los chavistas no son un movimiento homogéneo. Sin embargo, desde fuera es difícil determinar cómo realmente son tomadas las decisiones. Hasta ahora siempre había sido posible evitar que las diferencias internas vieran la luz pública. Por ello las declaraciones ante la prensa de la Fiscal General, Luisa Ortega, causaron mayor sorpresa aún, al calificar de inconstitucionales las controvertidas sentencias del TSJ, luego de que estas se hicieran públicas.

Hasta ahora no se había dado un disenso abierto de esta magnitud entre los representantes del gobierno chavista. Es de suponerse que para hacer estas declaraciones la Fiscal General contó con el apoyo de grupos influyentes al interior del chavismo, de lo contrario un acto así iría más allá del suicidio político. Tanto más efectivas fueron sus declaraciones. En consecuencia, Maduro se vio obligado a convocar al Consejo de Defensa de la Nación para revisar el fallo dictado por el TSJ. El Consejo de Defensa recomendó al TSJ reconsiderar su decisión. Dicha recomendación es a todas luces cuestionable, no sólo porque las atribuciones del Consejo de Defensa se reducen a funciones consultivas sino porque carece de competencias para otorgar recomendaciones al TSJ.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, comentó “de una ruptura institucional no se sale con aun más alteración del orden constitucional”. El TSJ dio un revés a su determinación y corrigió su resolución. Restituyó en sus funciones al parlamento, sin embargo, no revocó los poderes especiales conferidos con esa resolución al presidente Maduro. El propósito que motiva sus resoluciones de seguir acrecentando el poder del presidente Maduro y reducir cada vez más las funciones de control del parlamento, permanece. 

Urge el diálogo

La supresión parcial de las resoluciones del TSJ no tranquilizó a la oposición. Las personas siguen saliendo a las calles, protestan en contra del hambre, la pobreza, la corrupción, la fatal situación de seguridad y exigen el restablecimiento de la democracia. 

Luego de la evidente ruptura del orden constitucional por parte del TSJ, el parlamento anunció que iniciará el proceso de destitución en contra de los magistrados involucrados. Luego de la declaración de la Fiscal General respecto de la inconstitucionalidad de la sentencia del Tribunal, le resultará difícil al gobierno evitar la remoción de los magistrados. Sin embargo, no hay certeza respecto de cómo se desarrollará el conflicto. Se espera que las declaraciones de la Fiscal General representen un primer signo de que los representantes moderados del gobierno no desean que el conflicto se siga agudizando y de que están en contra de una dictadura abierta. Quizá estos acontecimientos sienten las bases para iniciar un verdadero diálogo entre la oposición y el gobierno, luego de los fallidos intentos del pasado.

Birgit Lamm es Directora Regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.