Seguridad interior, democracia y Estado de Derecho

Analysis15.12.2017María Novoa
Ejercito
La fuerza militar del Estado Mexicano en Michoacán, principal participante en la Guerra contra el Narcotráfico.Wikimedia Commons

El debate de la Ley de Seguridad Interior en México se da en un contexto en el que los altos índices de incidencia y prevalencia delictiva superaron la capacidad institucional de las policías y ante tal desafío, en 2006 el Ejecutivo Federal a cargo del Presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió emprender la llamada “guerra contra el narcotráfico” y emplear el brazo militar para realizar labores de seguridad pública.

Sobre esta situación y ante la inexistencia de una normatividad que regulara su actuación y previera el fortalecimiento de las instancias civiles, se presentaron tres iniciativas legislativas que mas que solucionar el problema lo agudizaron por dos razones principales. En primer lugar porque buscan regular las actividades de seguridad pública de las Fuerzas Armadas desnaturalizando su función primordial, que es defender la integridad, independencia y soberanía nacionales. En segundo lugar, porque buscan concederles atribuciones de policía en vez de acotar explícita y claramente los objetivos, tiempos y modalidades de su actuación.

En ese contexto y ante críticas al régimen de excepción operante desde 2006, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, publicó en 2016 un escrito advirtiendo la necesidad de contar con un marco jurídico que delimitara las responsabilidades y los alcances de las Fuerzas Armadas en apoyo a las autoridades civiles. Es preciso señalar que la advertencia fue recibida por el Ejecutivo Federal como una condición de las fuerzas militares para continuar en operaciones policiales y no replegarse a sus cuarteles.

Es así que pese a las advertencias internacionales y nacionales por los potenciales riesgos de aprobar las iniciativas en términos de derechos humanos y equilibrio de poderes, el 15 de diciembre pasado el Senado de la República aprobó la Ley de Seguridad Interior. El proyecto aprobado establece que la aplicación de la ley corresponderá a las fuerzas estatales y federales, y que solo “cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, [corresponderá] a las Fuerzas Armadas”. Su intervención estaría sujeta a un plazo no mayor de un año, pudiendo ser extendida por acuerdo presidencial.

En este contexto, dados sus términos, se identifican riesgos al equilibrio democrático de poderes y al fortalecimiento del Estado de Derecho. El primero atiende a la posible discrecionalidad por parte del Ejecutivo Federal en la interpretación del concepto “Amenaza a la Seguridad interior”, ya que la redacción de los artículos 3 y 5 es ambigua.

Un segundo elemento que se considera un retroceso significativo de los pilares democráticos es el relativo a la opacidad y falta de rendición de cuentas, sobre la cual opera la aplicación de la Ley. Si bien, pese a las resistencias de las fuerzas armadas, se han dado avances la clasificación de la totalidad de la información prevista en la Ley abre un nuevo frente de arbitrariedad y falta de contrapesos.

Como un tercer aspecto de riesgo se advierte la falta de claridad del supuesto de aplicación de la Ley correspondiente al “grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno” previsto en el artículo 16. En este sentido, tal indefinición puede representar una falta de controles a la operación de las fuerzas armadas.

En suma, se hace evidente la falta de precisión en tres temáticas de suma relevancia: la temporalidad, los supuestos de aplicación de la Ley y las facultades de investigación de las fuerzas militares en ámbitos civiles.

Es imperativo que se restablezcan los espacios de diálogo y consulta para definir de manera clara que las Fuerzas Armadas no participen en tareas relacionadas con la cadena de custodia, investigación de los delitos ni actividades de inteligencia civil. Asimismo, prever un esquema en el que se asegure el fortalecimiento de las instancias civiles y los contrapesos adecuados para dar lugar al retiro gradual de las Fuerzas Armadas y a su debida rendición de cuentas.

En un Estado con un modelo democrático y de derecho, debe privilegiarse la intervención de las autoridades civiles para hacer frente a la criminalidad (instituciones de seguridad y justicia), poniendo en el centro a las personas y sus derechos. En el caso de la Ley de Seguridad Interior, se privilegia el uso de la mano dura y la estrategia militar sin contrapeso democrático, sobre el fortalecimiento de las instituciones civiles.

En este sentido, la Ley de Seguridad Interior otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para ocupar a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad, trastocando el equilibrio de poderes y limitando los débiles contrapesos democráticos y controles legislativos aún existentes. En consecuencia, la Ley de Seguridad Interior en México afecta gravemente la protección de derechos y la certidumbre jurídica que rigen en un Estado de Derecho.

Por María Novoa, Directora del Área de Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C, CIDAC