La capacidad del Estado

Opinion17.07.2018Pavel Kuchar y Antonio Rojas Canela
Ejercito en Michoacán
Wikimedia Commons

Los países en vías de desarrollo típicamente tienen gobiernos internacionalmente reconocidos. Jurídicamente, países como Afganistán, África del Sur, Brasil, Haití, México o Venezuela son Estados soberanos. Sin embargo, en el sentido riguroso, los países en vías de desarrollo cuentan con Estados limitados.

Desde la perspectiva de la filosofía política liberal los Estados deben de estar limitados, ya que un gobierno que tiene la capacidad  de proteger los derechos de propiedad de sus ciudadanos al mismo tiempo tiene el poder de confiscarlos y redistribuirlos arbitrariamente.

Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué los países en vías de desarrollo que cuentan con gobiernos relativamente limitados no se ven beneficiados de la globalización o de los mercados libres? La respuesta está en una palabra: violencia.

Max Weber afirmó que el Estado es una organización que exitosamente logra “reclamar el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un determinado territorio.” Douglass North agregó que el Estado es una organización “extendiéndose sobre un área geográfica cuyos límites están determinados por su poder de imponer impuestos a los constituyentes”. Los mercados no funcionan si no hay reglas, y no todas las reglas que espontáneamente surgen de la interacción (voluntaria o no) entre los individuos permiten la existencia de mercados libres y sistemas políticos abiertos y transparentes.

Cierto, teóricamente la sociedad ordenada donde los ciudadanos no tienen que tener miedo por su vida, la vida de sus familias y donde no hay amenazas constantes de expropiación de su propiedad y de las ganancias, no necesariamente depende del Estado que cuenta con sistemas de gobernanza que monopolizaron el poder.

Empíricamente, sin embargo, el Estado como la organización que proporciona mecanismos del cumplimiento obligatorio de las reglas del juego ha acompañado la profundización de la división del trabajo en los mercados más complejos. Reconociendo que desde una perspectiva histórica podemos encontrar muchos ejemplos en los que los gobiernos han sido malos para fomentar el crecimiento económico, también se debe reconocer el hecho empírico de que un mercado efectivo depende de un gobierno efectivo de algún tipo, que se forma cuando las personas domestican la violencia, transformando la coacción de un medio de depredación en un recurso productivo. En este sentido, argumenta John Brewer, “la coerción se vuelve productiva cuando no se emplea para apoderarse o destruir riqueza, sino para salvaguardar y promover su creación.”

Un ejemplo de país en el que la violencia impide el funcionamiento de los mercados y de la sociedad civil en general es México, donde desde diciembre del 2006 el gobierno federal decidió enfrentar directamente al crimen organizado triplicando  la tasa de homicidios dolosos en sólo cinco años. Al mismo tiempo, los grupos criminales tomaron algunas de las atribuciones propias del gobierno, como recaudar impuestos (a través de la extorsión) y brindar “protección” a los particulares. También han surgido grupos de autodefensas que han asumido  funciones de seguridad pública. Los grupos armados, tanto delictivos como de defensa, han surgido uno tras otro cada y vez con mayor capacidad de violencia.

Aquí está el problema: en los países con gobiernos cuya capacidad de gobernar se ve limitada, el patronaje, o pactos informales entre los gobiernos y los grupos delictivos, frecuentemente funciona como protección sobre ciertos derechos. En México esos pactos regulan un activo muy importante: las cuotas de mercado. Los grupos delictivos se abstienen de usar la violencia porque, dados los acuerdos existentes, les resultaría costoso intentar incrementar sus rentas reclamando más territorio. Cuando el gobierno decide enfrentar a los grupos delictivos, rompe el equilibrio institucional existente, de modo que los derechos sobre las cuotas de mercado quedan desprotegidos. Eso crea incentivos a la violencia porque ya no existen las instituciones que penalizan la búsqueda de una mayor cuota. Además, cuando el gobierno captura a algún capo importante, el tamaño del posible mercado que los demás grupos podrían acaparar se incrementa. Entonces hay incentivos a la violencia porque sus posibles castigos son menores y sus posibles beneficios son mayores.

Podríamos decir que una buena parte del marco institucional existe simplemente para asegurar rentas a los grupos con capacidad de violencia, de modo que no la usen. En ese contexto, haber roto los pactos existentes entre gobierno y grupos delictivos puede ser visto como una pésima decisión debido a que desató el desorden, llevando a muchos municipios (y Estados completos en algunos casos) a una situación que casi se podría calificar como de guerra civil. Sobra decir que en situaciones así, los mercados simple y sencillamente no pueden funcionar. Pero si los mercados no funcionan, el desarrollo económico es imposible.

Para evaluar los efectos económicos del intento de monopolizar la violencia y la capacidad fiscal del gobierno Mexicano, hemos realizado una estimación contrafactual del índice de volumen físico del PIB estatal de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que fueron algunas de las entidades en las que hubo más enfrentamientos entre grupos delictivos y gobierno, y también fueron varias de las que tuvieron un mayor incremento en homicidios dolosos (véase el documento aquí). Esas cuatro entidades tienen tres características que las diferencian del resto: tienen un sector maquilador y/o minero-metalúrgico importante, comparten frontera entre ellas y/o con Estados Unidos, y fueron cuatro de las seis más golpeadas por la violencia.

Utilizando el método de control sintético, nuestra estimación arrojó los siguientes resultados:

Gráfica
Gráfica 1. Índice Verdadero/ Índice Sintético

En la gráfica log(iae) indica el logaritmo del índice de volumen físico del PIB estatal y el valor “sintético” es nuestra estimación contrafactual, elaborada como el promedio ponderado del mismo índice pero para un grupo compuesto por otros doce estados de la República en los cuales la guerra en contra del crimen organizado no tuvo un gran impacto en los niveles de violencia. Los ponderadores se escogen de forma tal que se minimice la diferencia entre el índice sintético y el observado para el periodo previo al 2007, de modo que si el índice sintético replica bien el comportamiento en el periodo previo, se utiliza como referencia para el periodo posterior. Como se observa, la estimación sugiere que en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas ocurrió algo a partir del 2007 que causó efectos negativos para la actividad económica de manera persistente. Pensamos que la guerra en contra del crimen organizado puede ser ese algo. Nuevo León es el único de los cuatro estados en el que la actividad económica parece haber seguido el curso que llevaba desde 1994, mientras que Coahuila parece haber sido una entidad especialmente afectada, entre otras cosas, por la crisis del 2008. Chihuahua parece estar convergiendo poco a poco a su nivel de actividad “sintético”, mientras que Tamaulipas es el caso más desalentador, en el que el índice observado y el sintético son paralelos.

La capacidad de violencia del crimen organizado es tan grande que pone en cuestión si México es en realidad un Estado que dispone de los mecanismos para el cumplimiento obligatorio de la ley en su territorio. Si México no cumple con las características para ser considerado un Estado en sentido weberiano, tenemos que preguntarnos quién pone las reglas. Y son precisamente las reglas del juego las que definen el juego y los resultados permitidos en los mercados y en la sociedad civil. Si el gobierno mexicano no tiene la capacidad de proteger los derechos de propiedad y el cumplimiento contractual de manera equitativa en todo su territorio, las bases fundamentales para el funcionamiento de mercados libres están en el aire.  Hablamos entonces sobre la falla del gobierno, no de las fallas del mercado.

 

Pavel Kuchar, Tutor de Maestría y Doctorado del Programa de Posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

Antonio Rojas Canela, Economista y becario del Instituto de iNvestigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM